Elpidio Silva considera “esencial e indispensable” el trabajo de los peritos

Elpidio Silva considera “esencial e indispensable” el trabajo de los peritos

Elpidio Silva considera “esencial e indispensable” el trabajo de los peritos

En una charla en la sede de Barcelona, el juez avisa que a la clase política no le interesa el prestigio del poder judicial.

Los desequilibrios entre los diferentes poderes del Estado, las carencias y presiones que soporta la administración judicial española y la importancia del peritaje fueron los temas centrales de la charla que el juez Elpidio Silva ofreció en la sede de Barcelona de la asociación profesional colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales (AIF).

En una sala llena y con su habitual tono desenfadado, el magistrado empezó recordando que, a diferencia de Gran Bretaña o los Estados Unidos, en España “no hay equilibrio de poderes ni autonomía adecuada de esos poderes” porque nunca ha existido tal necesidad. Silva entiende la preponderancia del poder ejecutivo, pero le aconseja capacidad “para generar marca, reputación y valor internacional”.

Convencido que hubo más independencia judicial en el último tramo del franquismo que durante el período democrático, para Silva es inconcebible que exista un órgano de gobierno de los jueces como el Consejo General del Poder Judicial. “Ha abducido sutilmente al poder judicial, lo ha pervertido y sometido a controles y presiones interminables y nadie lo controla. Algún día tendrá que ser auditado”. En este sentido, avisó de la vulnerabilidad de los jueces en el sistema español, fruto de esta dependencia, de la altísima carga de trabajo y de la burbuja de su día a día. “El juez no tiene un gabinete de comunicación, se le dice que la prensa es mala y al no tener contacto con ella firma su sentencia de muerte porque cuando le machacan no sabe donde llamar. Le dicen que los abogados son malos y que los peritos quieren intoxicarle… Así no se puede trabajar, es muy fácil tumbarlo y no es ni necesario presionarlo”. En consecuencia, se crea un cuerpo “cerrado y aislado con un marco de caducidad y obsolescencia” y se fomenta un “maltrato desde dentro y desde fuera” del poder judicial, que “en determinados asuntos no es independiente y en otros sí lo es pero es lento e ineficaz”.

El papel de los peritos

En cuanto a los peritos, el juez calificó su trabajo de “esencial e indispensable” y los situó en la “división de honor del ámbito judicial” por la complejidad de los datos que manejan. Por otro lado, se quejó que los distintos programas de oposición no incluyan un tema sobre protocolos normativos y advirtió que demostrar una estafa o un caso de corrupción es difícil “porque no te dejan”. Además, puso a Francia como ejemplo de organización de funciones y agilidad a la hora de la tasación. “Cualquier juez de instrucción francés podría hacer toda la valoración de un dictamen pericial”. Según Silva, hace falta generar un “valor pericial” en un ámbito que irá a más en “todos los casos en los que la complejidad del asunto requiera una cierta objetividad”. Y puso énfasis en la dependencia jerárquica, ya que “si el Estado sostiene económicamente la administración de justicia, no habrá colaboración por su parte para que los peritos vengan a investigarles. Es muy difícil valorar periciales por debajo de los 80.000 o 100.000 euros, hay que hilvanar notas, tener datos… requiere una gran complejidad cognitiva”.

Una agencia general contra el fraude

En cuanto al marco político, Silva admitió que el hundimiento del bipartidismo sería “positivo y deseable” aunque conllevaría peligros, teniendo en cuenta “que no tenemos cultura de pacto” como en Italia. El juez también se refirió a RED, partido que creó en marzo del 2014 y con el que concurrió en las pasadas elecciones europeas. Una experiencia “interesante” con unos resultados inauditos: 100.000 votos en cuatro semanas.

Entre sus propuestas, la creación de una agencia general contra el fraude, -que costaría unos 15.000 euros anuales-, y de una policía corporativa especializada en blanqueo de capitales y delitos económicos que no dependiera del Ministerio de Interior. Funcionaría como una agencia federal norteamericana estilo FBI e incluiría un pequeño cuerpo de expertos técnicos, es decir, peritos. Su capacidad operativa sería “tremenda” porque el proceso penal empezaría con todos los bienes del corrupto intervenidos y embargados. “Sería como la ley antimafia italiana pero un poco mejorada, para evitar perjuicios a terceros”, aseguró Silva. Para desplegar toda su eficacia, necesitaría competencias “extraordinarias”, tales como la posibilidad de investigar miembros del gobierno, órganos constitucionales (preguntar al Tribunal de Cuentas) y, especialmente, “someter a control todos los servidores públicos”. Este embargo global de bienes se realizaría, igual que en Italia, sin necesidad de proceso judicial, previamente a él, “con esquemas autónomos dentro del propio proceso, sin tercerías de dominio”.

“La mediación es el futuro”

En el turno de preguntas, el juez abordó el tema de la mediación y en este caso sugirió imitar el modelo francés. “En la administración de justicia francesa un mediador liquida asuntos uno detrás de otro, asuntos que en España tardan seis o siete años en resolverse”. Este rol lo desempeñan incluso miembros de la gendarmería, un perfil que en España podría ser equivalente a un teniente coronel jubilado de la Guardia Civil o a un capitán de la policía. Silva asegura que la mediación es “el futuro y llegará a todos los campos del derecho”, incluido el penal pese a las reticencias de “la clase política, a la que no le interesa el prestigio del poder judicial”.

En otro orden de cosas, lamentó la falta de mentalidad para que el sistema judicial español se adapte al formato digital (demandas por vía electrónica y demás trámites) y criticó el sistema de aprendizaje de jueces y fiscales, basado en la memorística y carente de profundidad en áreas como el derecho penal económico, las redes sociales o la propiedad industrial e intelectual.

¿Reapertura del caso Blesa?

Finalmente, el magistrado pronosticó que el caso Blesa se volverá a abrir y que el juicio servirá para conocer con exactitud si su comportamiento fue delictivo. Aunque reconoció abiertamente que los índices de criminalidad contra la cúpula de Cajamadrid en el sentido de alertas y protocolos incumplidos son “muchos y tremendos”, apeló a la presunción de inocencia y a no dejarse guiar por la condena social y la indignación de la ciudadanía.

En este caso concreto, recordó la vigencia de un mecanismo en desuso como la conformidad, en virtud del cual Blesa hubiera aceptado una multa y un delito societario. “Eso hubiera eliminado cualquier investigación porque salvo que hubiera una parte acusadora claramente establecida, pasaría a ser un tema entre él y el fiscal”. Según él, el problema fue no dejar que Cajamadrid se hundiera sola por riesgo de pánico en el mercado, teniendo en cuenta que hay “cien métodos de intervención para parar ese miedo”.

Para afrontar procesos similares en el futuro, Silva aconseja llegar al fondo, depurar responsabilidades y generar una imagen de “seriedad, consistencia, capacidad, eficacia y control”. En aras de la transparencia, la honradez y la credibilidad económica. En este sentido, avisó que la existencia de mafias corporativas afecta directamente “la imagen y la inversión extranjera” en un país como España que se encuentra “de rodillas pagando una deuda de la que no puede asumir ni sus intereses”.

Crónica: Carles Batalla Ferran


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